LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO

201803.02
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LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO: El Tribunal Supremo ha fijado la cuantía por debajo de la cual no cabe exigir esfuerzo reparador alguno al penado. Fija El salario mínimo interprofesional como la cuantía por debajo de la cual no cabe exigir esfuerzo reparador alguno al penado a efecto de conceder la libertad condicional

La Sentencia establece la obligación de pago de la responsabilidad civil para obtener el acceso a la libertad condicional, lo que debe extenderse a la ejecución y a los permisos penitenciarios. Lo que viene a resumirse como la reparación del daño por el penado para beneficiarse de los beneficios legales.

R. CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA número.: 20708/2017(LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO)
Ponente: Excmo. Sr. D. Andres Martinez Arrieta
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Sentencia núm. 59/2018
Excmos. Sres.
D. Andres Martinez Arrieta
D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre
D. Alberto Jorge Barreiro
D. Antonio del Moral Garcia
D. Pablo Llarena Conde
En Madrid, a 2 de febrero de 2018.
Esta sala ha visto el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto por D. Justino ,
representado por la procuradora Dña. Mª del Carmen Hurtado de Mendoza Lodares, contra auto dictado por
la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de fecha 27 de abril de 2017 , siendo también parte el
Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andres Martinez Arrieta.
ANTECEDENTES DE HECHO(LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO)
PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, con fecha 27 de abril de 2017, dictó auto con
los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO : PRIMERO.- Que por Auto de fecha 8 de julio de 2016, el Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria n. 6 de Madrid acordó conceder la libertad condicional al interno Justino en razón
de la Ejecutoria 1/2001 seguida por esta Audiencia Provincial con imposición de determinadas medidas entre
las que se encontraba: ” 5. Continuar con abono de Responsabilidad Civil, si es que hubiere cantidad pendiente
de pago, en la medida en que se lo permita su situación económica”.
SEGUNDO .- Con fecha 19 de Octubre de 2016, se emite informe de seguimiento por la Junta de Tratamiento
(Centro de Inserción Social José Hierro) con respecto a Justino en el que consta: “… Ha comenzado a cobrar
el paro y con respecto al pago de la responsabilidad civil manifiesta que no tiene intención de pagar, ya que no
llega al salario mínimo y se dirigirá al Juzgado de Vigilancia Penitenciara en dicho sentido ”

TERCERO .- Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2016, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n. 6 de
Madrid acordó: “póngase en conocimiento del liberado Justino que habrá de destinar el 20% de sus ingresos
mensuales al abono de las responsabilidad civil…”
CUARTO .- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por Justino en el que, tras alegarse los
hechos y fundamentos jurídicos que obran en dicho escrito, se solicitó que se dejara sin efecto la providencia
impugnada. LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO
QUINTO .- El Ministerio fiscal se opuso al recurso interesando la confirmación de lo acordado.
SEXTO .- Que en esta Audiencia Provincial se registró el correspondiente rollo de apelación, con el nº 6/2017,
turnándose ponencia al Ilmo. Sr. D. Ricardo Gonzalo Conde Díez. Finalmente se señaló deliberación, votación
y fallo para el día 25 de abril de 2017″.
SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: ACORDAMOS: Que debemos
desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Justino
contra la providencia de fecha 16 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado de lo Vigilancia Penitenciaria
n. 6 de Madrid, confirmando dicha resolución en su integridad, sin hacer especial imposición de las costas
procesales causadas en esta instancia.
Contra este Auto, que es firme, no cabrá interponer recurso ordinario alguno.
Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados anteriormente reseñados. Doy fe.
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste, extiendo y firmo el presente
testimonio.
En CUENCA, a seis de julio de dos mil diecisiete. LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO
TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación
de Justino , que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo
las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose el recurso.
CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el
recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos
los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SEXTO.- Por Providencia de esta Sala de fecha 21 de diciembre de 2017 se señala el presente recurso para
fallo para el día 17 de enero del presente año, prolongándose la deliberación del mismo hasta el día de la fecha.
FUNDAMENTOS DE DERECHO(LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO)
PRIMERO.- Se formaliza recurso de casación para unificación de doctrina contra el auto de 27 abril 2017
dictado por la Sección 1a de la Audiencia Provincial de Cuenca en el que solicita, con estimación del recurso,
la unificación de la interpretación que deba darse del artículo 90 del Código penal en relación con el 607
de la Ley de enjuiciamiento civil , concretamente, de la medida de cumplimiento de la responsabilidad civil
cuando los ingresos son inferiores al mínimo embargable. Los presupuestos fácticos de la impugnación son
los siguientes: por auto de fecha 8 julio 2016, el juzgado de vigilancia penitenciaria número seis de Madrid ,
concede al recurrente la libertad condicional con imposición de las medidas que se adoptan al amparo del
artículo 90 Cp .. Dispone la continuación del abono de la responsabilidad civil en medida que lo permita su
situación económica. Esta medida es objeto de documentación y ejecución posterior. Se comunica al interno
esa medida y manifiesta, ante la junta de tratamiento, que carece de dinero, que el existente ya ha sido
entregado para pagar esa responsabilidad civil y que ha comenzado a cobrar el paro, añadiendo que no tiene
intención de pagar ya que no llega al salario mínimo. A tal efecto se comunica al juzgado que percibe una
prestación de desempleo por importe de 460 € mensuales y que esa cantidad es inferior al salario mínimo
interprofesional cifrado, al tiempo de la comparecencia, en 655 € en 2016 y 707 € en 2017. El juzgado de
vigilancia penitenciaria en providencia de 16 diciembre 2016 comunica al liberado que habrá de destinar el 20%
de sus ingresos mensuales al apoyo de la responsabilidad civil. La providencia fue recurrida ante la Audiencia
provincial alegando que la cuantía que percibe como ingreso es inferior al salario mínimo interprofesional y
por lo tanto inembargable, de conformidad con el artículo 607.1 de la Ley de enjuiciamiento civil . La Audiencia
desestima el recurso argumentando que la ejecución está presidida por el interés de la víctima a la que debe
tutelarse en su derecho como objetivo de política criminal.

En el recurso de unificación de doctrina se señalan como resoluciones de contraste, autos de 17 febrero 2006
y de 26 marzo 2004 de la Audiencia provincial de Madrid que afirman que por debajo del salario mínimo
interprofesional no cabe valorarlo como la ausencia de esfuerzos de reparación por el liberado, lo que supone
afirmar que esa cantidad inferior al salario mínimo no puede ser impuesta como medida.
El recurso se plantea instando la unificación de la doctrina en interpretación del artículo 90 del Código penal en
el sentido de entender que “no es posible establecer, respecto de penados en situación de libertad condicional
con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, la obligación de abordar en concepto de pago de
responsabilidad civil un porcentaje de dichos ingresos”.
El Ministerio fiscal apoya la estimación del recurso y entiende la conveniencia de la unificación, para lo que
añade otras resoluciones de la Sección de la Audiencia provincial de Burgos y de la quinta de la Audiencia
provincial de Madrid, encargada de las apelaciones contra las resoluciones de los jueces de vigilancia
penitenciaria, en las que se destaca el carácter de inembargable de los ingresos inferiores al salario mínimo
interprofesional, entendiendo que no es exigible la fijación de una obligación de cuota porcentual a los ingresos
para satisfacer la responsable a civil cuando los ingresos no superan el salario mínimo, no pudiendo calificarse
de falta de “esfuerzo reparador” cuando no se atiende. No existe el deber jurídico de abonar las deudas
pendientes con cargo a cantidades inembargables y no cabe imponer, ni valorar negativamente, que el interno
en situación de libertad condicional no abona cantidad alguna si su sueldo no excede del límite embargable. El
solo hecho de que el penado haga uso de lo que es su derecho (ampararse en el beneficio de inembargabilidad
establecido en la ley) no cabe deducir una consecuencia jurídica negativa.
Con respecto a este recurso extraordinario hemos dicho que las resoluciones judiciales susceptibles de ser
recurridas en casación para la unificación de doctrina en materia penitenciaria son los autos dictados tanto por
las Audiencias Provinciales como, en su caso, la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación que no
sean recurribles directamente mediante el recurso de casación ordinario. Se tratará, en consecuencia, de autos
dictados en apelación por las Audiencias Provinciales (en su caso, la Audiencia Nacional), procedentes a su
vez de resoluciones judiciales dictadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, que cumplan con los requisitos
que más adelante expondremos. No podrán acceder a la unificación de doctrina los autos susceptibles de
recurso de casación “directo”, que lo serán aquellos que determinen el máximo de cumplimiento de la pena
impuesta, o en su caso, se deniegue tal fijación ( apartado 6 de la DA 5a de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).
La finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina es asegurar la unidad del orden
normativo jurídico-penal, en materia penitenciaria, para tutelar una aplicación de las normas que garanticen
óptimamente el derecho de igualdad. Las partes en conflicto han tenido ya la oportunidad de agotar en pro
de sus pretensiones una previa doble instancia judicial en donde depurar todos aquellos aspectos fácticos y
jurídicos que configuran su controversia, de modo que en este trance casacional únicamente se controlará
por este Alto Tribunal que la doctrina legal aplicable sea la ajustada al ordenamiento jurídico, resolviendo
esta Sala Casacional las discrepancias interpretativas entre los diversos órganos jurisdiccionales a quienes
corresponda resolver tales discrepancias (en la instancia). Al decidir este recurso de unificación de doctrina,
el Tribunal Supremo no tiene necesariamente que optar por una u otra doctrina legal aplicada por los
órganos jurisdiccionales en conflicto, sino que puede resolver también la controversia mediante una tercera
interpretación que tenga por procedente, indicando que ésa es la interpretación del precepto legal cuestionado
y la doctrina legal que resulta aplicable. En consecuencia, no podrán cuestionarse ante esta Sala Casacional los
propios hechos que se hayan declarado probados o sobre los cuales se haya aplicado el derecho penitenciario,
quedando eliminado cualquier intento de controversia que sobre los mismos pretendan las partes suscitar.
El objeto de este recurso lo será exclusivamente la doctrina aplicada por los órganos jurisdiccionales en el
caso sometido al control casacional de esta Sala, de modo que su objeto es la unificación de doctrina, para
lo que habrán de concurrir dos requisitos: uno, de identidad de supuesto legal de hecho y de fundamentación
jurídica, y otro de contradicción en la aplicación de la doctrina legal por los órganos judiciales de procedencia. El
resultado será la unificación de tal doctrina, que es el objeto del recurso y la misión de esta Sala al resolverlo. No
se trata, pues, de controlar la subsunción jurídica llevada a cabo por el Tribunal de instancia en el caso concreto
que haya sido sometido a su consideración, sino verificar que ante situaciones sustancialmente iguales se
han producido respuestas divergentes que han ser unificadas por este Tribunal. De modo que nunca podrá
convertirse este recurso para la unificación de doctrina en materia penitenciaria, en una tercera instancia, en
donde las partes pretendan hacer valer de nuevo sus pretensiones divergentes con lo resuelto en la instancia.
Este recurso exige la concurrencia de dos requisitos: identidad de supuesto legal de hecho y contradicción
de doctrina legal aplicada.LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO
El primero de ellos, el requisito de la identidad de supuesto legal de hecho y de fundamentación jurídica,
supone la comprobación inicial de que se trata de supuestos sustancialmente iguales, que, por consiguiente, debieron haber merecido la misma respuesta judicial y que, sin embargo, ésta fue diversa, en función de
una diferente interpretación de un mismo precepto legal, que -en consecuencia- debe ser corregida por esta
Sala Casacional, con la finalidad de que la aplicación del derecho penitenciario sea de todo punto uniforme
en supuestos idénticos. En definitiva, lo que se pretende salvaguardar con este requisito es el principio de
igualdad en la aplicación de la ley, y consiguientemente, el de seguridad jurídica. El principio de identidad de la
norma se traduce en la identidad de supuesto de hecho (en el sentido de la descripción de aquellos elementos
fácticos que conforman su previsión normativa) y el de consecuencia jurídica derivada de la concurrencia
de tal supuesto de hecho. De esta manera, tal sustancialidad se traduce en igualdad de supuesto de hecho
contemplado por la norma. Parece evidente que en toda operación jurídica el supuesto de hecho al que se
ha de aplicar la consecuencia jurídica prevista por la norma ha de ser tenido en consideración, porque las
normas jurídicas conforman mandatos legales en función del sustrato fáctico al que el legislador anuda una
consecuencia jurídica. Pero lo que verdaderamente importa es la identidad de supuesto de hecho contemplado
por la norma, y no tanto las características del “caso concreto”, que desde luego, no puede modificarse en
sede de esta extraordinaria instancia casacional. Lo que se valorará es, por consecuencia, el contenido o
extensión del precepto legal en abstracto, y la interpretación que haya sido concedida al mismo, y no tanto los
concretos contornos del caso enjuiciado por la resolución judicial impugnada, enfrentada referencialmente
con las invocadas como de contraste. Se trata, obviamente, de una colisión de interpretaciones de una misma
norma jurídica, siendo la misión de este recurso la unificación de tal doctrina, declarando esta Sala la forma con
que ha de ser llevada a cabo la correcta interpretación de aquélla, unificando los distintos criterios aplicados,
para producir tal unificación que garantice la aludida unidad del orden normativo jurídico-penal en esta materia.
Por otro lado, también es evidente que, si las particularidades fácticas del caso sometido a la valoración jurídica
de uno u otro tribunal, son distintas, o si la norma jurídica permite una cierta discrecionalidad en su aplicación,
el recurso no podrá prosperar, porque no se habrá producido desigualdad alguna de criterio, sino la aplicación
de unos parámetros interpretativos diversos que se justifican en una sustancial falta de igualdad, o son, en
otro caso, fruto de la corrección en la respuesta jurídica que faculta aquella discrecionalidad.
Finalmente, cuando la resolución impugnada haya valorado aspectos personales, fundamentalmente cuando
deban tenerse en consideración informes personalizados de conducta o un pronóstico de comportamiento
futuro, no podrá declararse que el supuesto legal de hecho de la norma es sustancialmente idéntico, y
en consecuencia, el recurso no podrá prosperar. No puede olvidarse que, en muchos casos, en materia
penitenciaria, la aplicación de la ley está basada en la individualización de conductas.
El segundo requisito es el de contradicción, o lo que es lo mismo, que con anterioridad un órgano judicial,
incluido este propio Tribunal Supremo, se haya pronunciado de forma diversa a la resolución impugnada,
presupuesto que también es necesario para la activación de este recurso de casación para la unificación de
doctrina. Este requisito justifica que no puedan acceder directamente ante esta Sala todo tipo de discrepancias
con la interpretación que se ha concedido en el supuesto concreto enjuiciado, a modo de un recurso de
casación directo, sino que es precisa la previa discrepancia de criterios aplicativos de la norma jurídica con
respecto a la de contraste. Deberán alegarse en consecuencia dos resoluciones judiciales: una, la impugnada,
que podrá ser objeto de corrección por este Tribunal Supremo, y otra, la de contraste (una o varias), que
evidencie, a juicio del recurrente, que el derecho penitenciario se aplicó de forma diferente ante otro supuesto
sustancialmente idéntico al que resuelve la sentencia impugnada. Esta resolución judicial de contraste o
referencial, tanto puede haber sido dictada por la propia Audiencia Provincial, por otra Sección de la misma
Audiencia, por otra Audiencia Provincial de diferente demarcación territorial, por la Audiencia Nacional, en los
casos en que conozca de las apelaciones procedentes del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, o por
este Tribunal Supremo, resolviendo un recurso de casación para la unificación de doctrina en esta materia.
Obvio es decirlo, que si se trata de una Audiencia Provincial o de la Audiencia Nacional, la resolución tomará la
forma de Auto, y si lo es del Tribunal Supremo, será una Sentencia. Pero, como ya hemos señalado, únicamente
la resolución impugnada puede ser objeto de corrección mediante este recurso, al disponerse en la ley, en
relación con sus efectos, que “los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación
para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias
precedentes a la impugnada”.
Recapitulando: las características de este recurso de casación serán las siguientes: a) identidad de supuesto
legal de hecho; b) identidad de la norma jurídica aplicada; c) contradicción entre las diversas interpretaciones
de la misma; d) relevancia de la contradicción en la decisión de la resolución objeto del recurso.
Y desde el plano negativo, nunca podrá convertirse este recurso en una tercera instancia jurisdiccional, pues la
subsunción jurídica llevada a cabo en la resolución impugnada no puede ser objeto de nuevo control casacional
por esta Sala, ni pueden ser revisados los contornos fácticos del supuesto de hecho previsto por la norma,
tal y como han quedado diseñados por el Tribunal “a quo”, ni pueden finalmente considerarse infringida la doctrina legal cuando su aplicación dependa de comportamientos individualizados de conductas o informes
de pronóstico o diagnóstico personal.
SEGUNDO.- El motivo de unificación que fundamenta la pretensión de unificación debe ser estimado en
los términos que tanto el recurrente como el Ministerio fiscal establecen. La satisfacción de las deudas
contraídas por razón de delito y que el tribunal ha fijado en el fallo de la sentencia condenatoria constituyen
un crédito en favor del acreedor que el obligado por la sentencia condenatoria debe satisfacer y a cuyo efecto
dispone el ordenamiento procesal civil los embargos y medidas cautelares en el caso de que fuera preciso
una ejecución obligatoria, por no haber sido asumida de forma voluntaria. En la fijación de esta forma de
satisfacción y de ejecución judicial el propio ordenamiento señala las pautas a seguir, bajo la rúbrica del
embargo de bienes en los artículos 584 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil , regulando el modo
de proceder para el aseguramiento de la deuda declarada. Es el propio ordenamiento civil el que señala en
el artículo 607 la procedencia del embargo de sueldos y pensiones y considera inembargables los sueldos,
jornales y retribuciones que sean superiores al salario mínimo interprofesional, conforme a la escala que
relaciona estableciendo distintos niveles en función de los ingresos y de las cargas familiares. A su vez
establece una excepción a la inembargabilidad respecto a pensiones alimentarias. Con ello el legislador civil
trata de preservar del cumplimiento de la obligación un mínimo vital necesario para una vida en condiciones
de dignidad del deudor obligado al pago de la responsabilidad civil declarada. Ese mínimo vital constituye
el umbral de lo absolutamente necesario para una vida digna y constituye un dique de contención frente
al legítimo derecho del acreedor al cobro su deuda. De esta manera se cohonesta el derecho de acreedor,
que debe ser tutelado, y el deber del deudor que debe cumplir la obligación manteniendo las condiciones
de dignidad que le permitan subsistir. Si por ministerio de la ley son bienes inembargables, sobre ellos no
puede actuarse, desde la coacción del Estado, el cumplimiento de la obligación. Por tanto, quedan al margen
de la ejecución y, consecuentemente, no puede ser considerados como parte del esfuerzo reparador que el
deudor de la responsabilidad civil debe realizar para satisfacer la deuda los ingresos inferiores a lo declarado
inembargable.(LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO)
El art. 90 del Código penal prevé como condición necesaria para acordar la libertad condicional la satisfacción
de la responsabilidad civil “conforme a los criterios establecidos en los apartados 5 y 6 del art. 72 de la
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria “. A tal efecto, los mencionados apartados
de la L.Orgánica General Penitenciaria, considera que se ha procedido a su cumplimiento no solo por el
abono, reparar el daño o restitución e indemnizaciones, sino también valorar la capacidad real, presente y
futura, la estimación del enriquecimiento obtenido por el culpable y, en su caso, el daño o entorpecimiento
al servicio público y los daños y perjuicios causados, etc… En definitiva se asimila a la satisfacción de las
responsabilidades civiles, la efectiva realización de su pago y el análisis de las circunstancias personales,
valorando lo que se ha denominado el esfuerzo reparador.
Desde la perspectiva expuesta es llano afirmar que el juez de vigilancia penitenciaria ha de valorar la situación
del penado, o del liberado, e imponer medidas tendentes a la satisfacción de la responsabilidad civil o en la
adopción de medidas tendentes a la realización de un esfuerzo reparador que satisfaga la exigencia del art.
90 del Código penal .
Consecuentemente, con estimación del recurso consideramos que la interpretación procedente del artículo 90
del Código penal en cuanto a las medidas que pueden ser impuestas y referidas a la responsabilidad civil no
permiten imponer obligaciones de reparación sobre ingresos inferiores a los límites establecidos en el artículo
607 la Ley de enjuiciamiento civil .
F A L L O(LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO)
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
Estimar el recurso de Casación interpuesto por la representación procesal de D. Justino , contra auto dictado
el día 27 de abril de 2017 , .
Declarar de oficio el pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.



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LA REPARACIÓN DEL DAÑO POR EL PENADO


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