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Limitación de pagos en efectivo

Limitación de pagos en efectivo

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, estableció, en su artículo 7, con carácter novedoso, una limitación a la utilización de medios de pago en efectivo en determinadas operaciones económicas. Básicamente, la limitación afecta a las operaciones a partir de 2.500 euros, en las que una de las partes sea empresario o profesional.

Pues bien, aunque la medida se encuentra en vigor desde el 19 de noviembre de 2012, los datos publicados recientemente por la Agencia Tributaria (más de 1.297 sanciones impuestas), han vuelto a poner de actualidad este asunto, por lo que consideramos oportuno recordar los aspectos principales de la regulación de esta limitación, así como los relativos a la infracción y sanción que conlleva su incumplimiento.

Cabe precisar que estamos hablando de una normativa que no es de naturaleza tributaria, sino que lo que establece dicho artículo 7 es una infracción administrativa de carácter financiero, motivo por el cual esta materia queda excluida del ámbito de las consultas vinculantes emanadas de la Dirección General de Tributos. Así se manifiesta en la CV 2712-13, de 11 de noviembre de 2013, que establece: “En cuanto a las cuestiones relacionadas con el artículo 7 “Limitaciones a los pagos en efectivo” de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se debe indicar que la normativa de limitación a los pagos en efectivo no es de naturaleza tributaria. Conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las consultas a formular a la Administración tributaria deberán ser respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que le corresponda. Habida cuenta de que no se trata de cuestiones de naturaleza tributaria, no resulta procedente la contestación a dichas cuestiones.”

No obstante lo anterior y, a pesar de que el procedimiento sancionador se rige por lo dispuesto en la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC) y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/1993), la competencia para su tramitación y resolución ha sido atribuida a la AEAT, al igual que la gestión recaudatoria de las sanciones impuestas.

Por todo lo anterior, para la aplicación de esta normativa debemos acudir a los criterios publicados por la propia AEAT a través de las preguntas y respuestas del programa INFORMA.

Ámbito de aplicación

Los pagos en efectivo que se limitan son los siguientes:

  • Operaciones en las que una de las partes sea un empresario o profesional, que actúe como tal
  • Con un importe igual o superior a 2.500 euros (o contravalor en moneda extranjera)

Dicho importe se eleva a 15.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) cuando el pagador sea una persona física, que no actúe como empresario o profesional, y que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España.

Por tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito y las operaciones entre particulares en las que ninguno actúa como empresario o profesional.

Concepto de efectivo

Se entiende por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

“a.)El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

b.) Los cheques bancarios al portador, denominados en cualquier moneda.

c.) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.”

A efectos de lo dispuesto en esta Ley, exceptuando los pagos e ingresos hechos a través de entidades de crédito, respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Estarán obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Determinación de las cuantías

Para determinar la cuantía objeto de limitación, se deberán sumar los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios en qué consiste la operación. Es decir, el límite no se aplica por cada pago en que se pueda fraccionar una operación, sino por la cuantía de la operación en sí.

RÉGIMEN SANCIONADOR

La infracción por el incumplimiento de dicha limitación será calificada como grave, siendo infractores tanto el pagador como el receptor, total o parcial, de las cantidades en efectivo, incumpliendo las limitaciones establecidas.

Establece la norma que será de aplicación el régimen sancionador recogido en la Ley 30/1992 en lugar del de la LGT, aunque se encomiende su aplicación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Ello se debe a que aunque esta medida se introduce en una norma de carácter principalmente tributario, no es una medida de naturaleza tributaria sino administrativa.

Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La AEAT podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos, a los efectos de imposición de la correspondiente sanción:

  • La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo
  • La sanción consistirá en multa proporcional del 25 % de la base de la sanción.

PRESCRIPCIÓN

Destacar que el plazo de prescripción es de cinco años, y por tanto superior al plazo de prescripción fiscal actual de cuatro años.


OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus competencias tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación establecida en el apartado uno, lo deberá poner inmediatamente en conocimiento de los órganos de la AEAT.